¿Por qué con los gobiernos izquierdistas los pobres viven peor en Uruguay? (A)

Si no guiamos por los informes gubernamentales, en Uruguay la indigencia prácticamente ha desaparecido y apenas hay pobreza. El Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que tan solo 0,1% de los hogares son indigentes y 5,2% pobres.

El INE define a la indigencia como la incapacidad de los miembros de una familia para satisfacer el valor de una Canasta Básica de Alimentos (CBA). Considera que un hogar es pobre si su ingreso corriente es menor al de la línea de pobreza (se fija en función de la CBA, la no alimentaria y el número de integrantes del hogar).

Gustavo De Armas, especialista en Política Social de Unicef, publicó un estudio titulado “Poner fin a la pobreza Infantil en Uruguay: Un objetivo posible para la política pública”. Afirma que actualmente la pobreza está extremadamente concentrada en la infancia. Explicó que hay unas 330.000 personas en situación de pobreza por ingresos en este país, y que de esa cifra, el 90% son menores.

A su entender, si “Uruguay no tuviese pobreza entre los niños, la pobreza no alcanzaría el 1% y se estaría en una situación similar a de los países más desarrollados”.

Otro documento titulado “Gastos público social en la infancia y adolescencia en el Uruguay”, elaborado en el marco de un convenio entre la Cepal y Unicef, es igual de alentador. Señala que el gasto público social uruguayo invertido en la infancia se destina mayoritariamente a la educación, menos en el caso de los menores de tres años que gira en torno a la salud.

De  Armas expresa que “Lo que tratamos de demostrar con ambos documentos es que Uruguay va en el buen camino, pero puede aún rendir más”. Entusiasmado declaró que “es uno de los pocos lugares en la región que está en condiciones de alcanzar la llamada ‘pobreza cero’”.

El presidente Tabaré Vázquez adjudicó esos resultados a las medidas implementadas por los tres gobiernos del Frente Amplio. “Ahí está el resultado de las políticas públicas llevadas adelante para atender a la población más necesitada”-expresó.

Esos informes y datos oficiales proyectan una imagen del país muy favorable. Daría la impresión de que con los gobiernos de izquierda los sectores más débiles de la sociedad viven mejor que antes.

Pero… si realmente fuera así, ¿por qué la percepción ciudadana es tan diferente? ¿Por qué hay cada vez más gente viviendo en la calle? ¿Por qué no parece que la pobreza haya caído abruptamente como indican las cifras oficiales?

Hay muchas posibles respuestas a esas interrogantes. Trataremos de ir analizándolas una a una:

Podría pasar, que las cifras del INE no sean correctas. Incluso, algunos de sus funcionarios han denunciado en el parlamento que la sección que velaba por la calidad del índice de pobreza no funciona desde 2016. En consecuencia, alertan que los resultados podrían no ser exactos.

Otra hipótesis, es que con la izquierda la forma de medir la pobreza haya sido modificada. Sin embargo, no es así. La medición por la línea de pobreza (o método del ingreso) ha sido la habitual tanto en Uruguay como en el resto de América Latina.

Lo que sí es llamativo, es el nivel de esa “línea” de pobreza e indigencia. Según el semanario Búsqueda, la canasta familiar mensual es de unos $78.000 (USD $2.438). De esa suma, $31.788 (USD $993) corresponde al rubro alimentación.

En números redondos, el INE cataloga como indigente al que recibe menos de $3.000 (USD $0,94) y pobre aquel cuyos ingresos mensuales son menores a $13.000 (USD $406). Daría la sensación que aquí hay un desfase, que muchos “pobres” son en realidad indigentes.

También podría pasar que la percepción ciudadana acerca de la realidad social esté distorsionada. Pero investigaciones recientes demuestran que no es así:

Desde que gobierna la izquierda (2005-2018), en Montevideo ha venido aumentando el número de personas en situación de calle. En 2006 había alrededor de 700 y en 2016 pasaron a ser 1.651 (último dato disponible). O sea, que más que se duplicaron. La tendencia ascendente sigue…

Un informe que salió publicado en estos días, explica con claridad el origen de la divergencia detectada entre la “sensación” ciudadana y las cifras oficiales. El documento se titula “Fractura Social y Nueva Pobreza Urbana en Montevideo (2007-2016)”. Fue elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), una institución independiente, no burocrática.

Sus autores –Agustín Iturralde y Leonardo Altmann- señalan que la sociedad uruguaya del siglo XX era  “amortiguadora” e “integrada”.  Además, el delito era de poca entidad. Esos rasgos la destacaban dentro de Latinoamérica. Pero, paulatinamente fue perdiendo esas virtudes.

Durante 2004-2014 hubo una expansión económica inédita en el país. Se expandió el PBI y hubo mejoras significativas en indicadores como líneas de pobreza e indigencia -medidas por ingresos- e índice de Gini.

No obstante, los autores indican que  “el deterioro de la fragmentación social no parece haberse revertido cuando miramos otros indicadores no monetarios como fracaso educativo o la cantidad de población residente en asentamientos. En particular, la criminalidad continuó creciendo hasta niveles inéditos en nuestro país en plena bonanza económica y reducción de la pobreza monetaria.

Los indicadores tradicionales de pobreza e indigencia monetaria claramente no están logrando captar otras tendencias que se vienen dando en la ciudad. La mayor violencia en medio del Uruguay más rico de la historia creemos que es solo un síntoma de otros procesos socioculturales más complejos que están pasando desapercibidos, o al menos no reciben la debida atención.”

Durante los gobiernos izquierdistas hubo una mejora significativa en los niveles de ingreso y pobreza pero también, un incremento singular y sostenido de rapiñas y homicidios.

Los autores observan “una permisividad selectiva y un ambivalente rol del Estado, inyectando políticas sociales focalizadas, pero asordinando su papel en otras dimensiones. […] Montevideo es una ciudad tremendamente más violenta en 2016 que en 2007 y que en 2003”.

La criminalidad –homicidios y rapiñas- se han incrementado brutalmente. En 2018, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es de 10,4 en todo el país y en 14,7 en Montevideo. En América Latina -la región más violenta del mundo- hay varios países con tasas menores: Chile, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú, Bolivia, Paraguay y Panamá.

Estas calamidades afectan principalmente a los más pobres. Asimismo, la inequidad se nota en la calidad educativa que recibe cada sector social.

En gran medida, esta realidad preocupante se origina en muchas de las ideas de la izquierda gobernante.

Entre ellas, dar dinero público sin pedir contrapartida -ni siquiera la obligación de mandar a los hijos a la escuela- como defiende la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Esto ayudará a mejorar las estadísticas porque ese dinero se cuenta como “ingreso”. Pero, esas familias siguen tan o más vulnerables que antes porque se les arrebata el sentido de responsabilidad, el hábito del trabajo y la dignidad de salir adelante por sí mismas.

Una muestra de cómo bajo una máscara benévola se puede ocultar un gran mal.

Esto se constata en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ahí se señala que más de la mitad de los uruguayos (51,8%) pertenecen a una clase media vulnerable. Para esos hogares el riesgo de caer en la pobreza es muy grande si la coyuntura económica se torna desfavorable.

Por tanto, ¿por qué los pobres viven peor con gobiernos izquierdistas?

Porque las ideas tienen consecuencias. Las malas, los perjudican…

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