El Gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que acudir a instancias internacionales para la aprobación de un nuevo crédito para el posconflicto. Esta vez se aprobó un préstamo por USD $400 millones para el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Integral a través del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Los recursos del préstamo serán ejecutados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) “se asignarán a la financiación de apropiaciones presupuestales” del Gobierno colombiano. Además, según fuentes de la CAF, el dinero otorgado como prestamo al Gobierno de Colombia servirá para implementar políticas que permitan “impulsar el desarrollo social y mejorar la productividad del campo”

El organismo financiero señaló que será el mismo Gobierno quien administre los recursos a través de apropiaciones presupuestales de carácter prioritario. “Con este crédito estamos contribuyendo a modernizar el campo colombiano y a reducir las brechas de desarrollo entre las zonas urbanas y rurales que se originaron después de más de cincuenta años de conflicto armado. Este tipo de iniciativas son vitales para lograr un crecimiento inclusivo que beneficie a todos los colombianos, especialmente a aquellos en situación vulnerable”, aseguró Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.

Una de las mayores disputas en Colombia es la asignación de tierras. Según las FARC, el país padece una acumulación inequitativa, por lo que propusieron su ideología en la Ley de Tierras. Sobre el tema del agro hace meses las FARC objetó los cambios que tendría la reforma rural. De acuerdo con los líderes de ese movimiento, se está ignorando el objetivo central de lo pactado en La Habana. Mediante un comunicado explicaron que ellos ya habían llegado a un acuerdo en esa materia con el Gobierno, pero que este sufrió modificaciones que no corresponden a lo acordado y que, además, trae cambios que van en contra del objetivo de la iniciativa.

“La versión amañadamente radicada amplía los beneficios a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso. Adicionalmente limita la participación comunitaria que se había previsto. Con este acto tramposo, el Gobierno no solo traiciona el acuerdo final de paz sino a los campesinos y campesinas”, manifestaron.

PANAMPOST