Por: Benedicto Truman

El escándalo que desde hace algún tiempo viene sacudiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha puesto sobre el tapete la necesidad de gestionar reformas legales que le den nuevos aires al funcionamiento de la entidad. Las acusaciones a propósito de la violación del principio de planeación con el proyecto PTAR II que tiene como objetivo solucionar el manejo de las aguas residuales en Chía, desenvuelven aspectos como la inconveniencia de la legalidad de la posibilidad de reelección de la dirección y el Consejo Directivo, promoviendo iniciativas gubernamentales y parlamentarias para reformar el marco legal que rige a las CAR.

La ley 99 de 1993 se muestra como insuficiente para regular la gestión medioambiental. Ello se puede inferir tanto de las causas que les dan vida como de las iniciativas que el gobierno Duque y la bancada de Cambio Radical han presentado. Toda vez que se infringieron los tiempos estipulados para la construcción de PTARII, añadido a los sobrecostos de la obra, se ha hecho más urgente unos nuevos lineamientos presupuestales aplicados en general para todas las corporaciones. Asunto con carácter perentorio si se lleva la mirada hacia el concepto con que en primera instancia la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al director de la CAR en ejercicio, luego de que PTARII presentara un sobrecosto presupuestal de casi el doble de su precio, alcanzando un valor de casi 63 mil millones de pesos.

Las actuaciones de que sindican disciplinariamente a Néstor Franco, actual director de la CAR, expresan la intención del gobierno de formular nuevas exigencias para la dirección de las Corporaciones y el ánimo de Cambio Radical para promover eliminar legislativamente la reelección de la cabeza del ente descentralizado. La búsqueda de una elección llevada a cabo por convocatoria pública y basada en el principio constitucional de mérito le urge a la CAR.

Y es que para nadie es un secreto que la elección tanto del Director como la del Consejo Directivo de las CAR está atravesada por intereses políticos más que por la preeminencia de las competencias técnico-científicas de los miembros directivos. Esa es una de las razones que hace que los proyectos adelantados en la entidad se vean expuestos a retrasos y sobrecostos. Más aún que asuntos tan importantes como los de la sostenibilidad ambiental se vean interferidos por los cálculos políticos de cada uno de los que tienen silla o por las decisiones de una mayoría política. La reforma que propone Cambio Radical se dirige tanto a controlar las elecciones de la cabeza y los miembros de junta, así como a llevarlas al concurso de mérito para alejar la competencia de una entidad técnica de los vericuetos de la real politik.

Estos proyectos de reforma al funcionamiento de las corporaciones deben desde ya servir para empezar a enviar llamados de alerta de las necesidades y retos que afronta la CAR Cundinamarca en la próxima década y que no se puede dejar al arbitrio de la pura gestión política. Es un llamado al consejo elector para que elija bien y apoye su decisión en las mayores competencias técnicas que respaldarán la gestión medio ambiental de Cundinamarca en los próximos cuatro años.