Por: Camilo Sagrado.

Con la ley de crecimiento económico Colombia tiene ante sí la posibilidad de reestructurar la Ley de Financiamiento 1943 derogada este año por la Corte Constitucional por encontrar a la iniciativa gubernamental errores de trámite legislativo. Es la oportunidad de apalancar el crecimiento económico del país, de mantener la deuda contenida un poco por encima de la mitad del PIB y de impulsar la generación de empleo vía exenciones tributarias al impuesto de renta de las micros, medianas y pequeñas empresas y corregir los números que aumentaban el gasto tributario.

El presidente Duque y su gobierno con su negativa de patrocinar la corrupción parlamentaria al restringir  la mermelada esparcida que tan famoso hizo al gobierno Santos, está fortaleciendo la confianza de los contribuyentes en aras de concientizarlos de las bondades de tributar. Tal como sucede en los Estados Unidos donde los sujetos fiscales están satisfechos de aportar, Duque la emprende para fortalecer el compromiso ciudadano en la construcción de país muy a pesar de que las iniciativas anticorrupción hayan claudicado en el Congreso.

Cuando la economía colombiana arroja números de crecimiento muy por encima de los proyectados para la región ubicándose entre 3 y 3,5%, el gobierno busca fortalecer los emprendimientos que generan empleos y reducir el déficit fiscal. Aunque están a la orden del día para ser debatidos en las Cámaras alta y baja del parlamento, con este nuevo empuje a la derogada ley el gobierno se mantiene firme en su propósito de descontar el 100% del IVA a la inversión en bienes de capital y el 50% del impuesto de Industria y Comercio a las empresas.

A diferencia de las iniciativas de anteriores gobiernos en las que se incrementaba los impuestos a los actores productivos generadores de empleo micros, pequeña, mediana y grandes empresas─, con la Ley de Crecimiento Económico el gobierno se empeña en reversar los números negativos de la tasa de desempleo promoviendo así la generación de fuentes de trabajo, una mayor inversión, incidiendo en los indicadores de competitividad y productividad de la economía. No se trata como muchos en las manifestaciones del Paro quieren hacerlo creer, de una política partidaria, sectorial y que beneficia a los nombres del Gran Capital, se trata como bien lo dice su propósito, de solventar el crecimiento de la economía para  incidir en la generación de empleo por medio de la reducción de impuestos a los empresarios de cualquier escala.

Ante el clamor de cientos de miles de jóvenes que piden ser escuchados e integrados en el aparato productivo nacional, esta remozada iniciativa de ley gubernamental en la que los congresistas tienen la posibilidad de introducir arreglos, enfrenta y prospecta soluciones ante las demandas: gasto tributario en términos de beneficios para el emprendimiento joven y la promoción de sectores productivos en los que los jóvenes componen un segmento importante como tal acaece en el de las industrias creativas y tecnológicas.

No nos llevemos a engaños, la ley de crecimiento económico retorna para el bien de todos: para producir más empleos, para mejorar la productividad, para retener los números de deuda, para apoyar las demandas laborales de los jóvenes. Por todos y para todos.

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