Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Trabajé en el sector público durante varios años desempeñando cargos en el municipio de Cali y en la Nación, con sede Bogotá. En aquel entonces también existían los corruptos, pero no se consideraba un problema relevante. Eran pocos y conocidos, además, eran rechazados.

Los cargos que desempeñé fueron por designación, excepto cuando fui electo al Concejo de Cali. La inmensa mayoría de aquella corporación estaba constituida por personas de conductas transparentes. Su misión era el bienestar y progreso de los ciudadanos. Había algunos, muy pocos, identificados, cuyas actuaciones no eran siempre honestas.

La irrupción del narcotráfico causó muchos daños en diversos campos. Incentivó el cambio de nuestras costumbres tradicionales. En pocas décadas se incrementó la corrupción. Hoy en día es uno de nuestros karmas.

Claro está que para llevar a cabo los robos se necesita más de un sujeto. Se requieren contratistas cómplices que acepten las propuestas de los funcionarios públicos. ¿Quién peca más, el que peca por la paga o el que paga por pecar?

El descrédito de las instituciones va a tener consecuencias irreparables. Está carcomiendo la democracia. Nos puede llevar hacia una dictadura y la pérdida de la libertad, con pocas posibilidades de restituir un gobierno que tenga como prioridad el bien común, como ocurrió en Venezuela.

Ya muy pocos confían en el Concejo, que se convirtió en cómplice de las actuaciones del Alcalde. En lugar de controlarlo, como es su deber, lo acolita, se reparten contratos y burocracia. Solamente dos o tres de sus miembros han tenido el valor civil de disentir y rechazar reiterativamente los millonarios créditos y los contratos sin licitación.

Los órganos de control locales como la Personería y la Contraloría están cooptados por quienes deben vigilar. No hay independencia de quienes dirigen o trabajan en estos organismos. Tú me eliges, yo te protejo. La politiquería y no la verdadera política se ha generalizado. El servicio a la ciudadanía se ha suplantado por la aberración de servirse a sí mismos.
La auténtica política es una actividad noble y necesaria.

Infortunadamente, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría del orden nacional, tampoco operan con eficacia y no es por falta de personal, sus burocracias son enormes. Generalmente, quienes se presentan para ser elegidos a dichos cargos, buscan figuración y  prestigio. A esas instituciones también las contaminó la politiquería y la inoperancia.

Como afirma la Contralora de Cali referente a la oportunidad de los fallos: “Tenemos unos tiempos que respetar”. Los tiempos de la Justicia son eternos. Muchas veces se pronuncian cuando los protagonistas hace tiempos que no están en los cargos. Existen casos con fallos después de 10 o 15 años.

Otra forma de ejercer la corrupción es la burocracia innecesaria. Los nombramientos se realizan por motivaciones políticas, con el fin de que aporten votos en las elecciones. En no pocas ocasiones esos burócratas no cumplen con los requisitos exigidos para los cargos. Esa es una de las razones para que las empresas públicas sean tan ineficientes, con escasas excepciones.

Este cáncer tomó fuerza, hizo metástasis en muchos frentes. Para detenerlo se legisla, pero el problema no está en las normas, sino en las personas que se eligen para los cargos públicos.

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