Por: Benedicto Truman.

Ante los hechos de las últimas semanas, es plausible la interpretación según la cual las funciones que reposan sobre la dignidad pública ostentada por Fernando Carrillo, estén siendo utilizadas para ‹‹intervenir›› en asuntos políticos de coyuntura que le permitan aparecer en los lugares priorizados de la agenda de la opinión pública nacional y todo para hacerse  con el favor de prosélitos con identidades de las más diversas causas ciudadanas y así apalancar sus intenciones de una eventual aspiración a por la Casa de Nariño.

 

Resulta paradójico, contradictorio y desalentador que la institución que en innumerables ocasiones ha sancionado a funcionarios públicos elegidos popularmente pero también a aquellos de libre nombramiento que ocupan los más altos cargos ejecutivos y técnicos de las instituciones del Estado por participar en política, ahora esté siendo utilizada como plataforma de promoción política para que la cabeza de la institución intervenga ─en nombre de las facultades de representación ciudadana que le otorga las prescripciones legales y constitucionales─ en cuanto asunto que catapulte la atención de los medios a su gestión. De suerte el procurador logra ocultarse detrás de sus funciones de representación de la ciudadanía para mascarar sus intenciones.

 

Los elementos que permiten colegir las verdaderas motivaciones del procurador son difusos y hay que tratarlos con tacto, porque existe una línea muy delgada entre su función constitucional y cualquier asomo de interés electoral. El Congreso está facultado para investigar a los funcionarios públicos de más alto según lo estipula la ley 734 de 2002, que como en el caso del procurador Carrillo han sido unos consentidos de la clase política y han ocupado toda clase de posiciones desde carteras ministeriales, pasando por embajadas, hasta la dirección de agencias estatales. Desde allí  puede decirse que obras son amores y no buenas razones y que lo aparenta ser méritos son más que eso privilegios de unos pocos bien tratados por los poderosos de la política estatal como Carrillo.

 

Sin embargo no sólo por las funciones de intervención y disciplinaria que le otorgan al procurador las herramientas para sancionar a los congresistas sino también por lo variada que puede ser la interpretación de sus actuaciones, la casa de la democracia se encuentra supeditada a fallar contundentemente contra lo que muchos dicen son intervención y algún tipo de participación del procurador Carillo en política. Quien lo investiga tiene la presión de su función pero también la de no encontrar tan claramente la intención verdadera del procurador Carrillo de mojar prensa y de organizar y alentar a los colectivos ciudadanos en sus demandas al gobierno.

 

Si es el caso y a su juez natural  se le presentan muchas trabas y nubarrones para juzgarlo quienes deberíamos acometer el enjuiciamiento seríamos los mismos ciudadanos en caso de que asistamos a su candidatura presidencial con la constancia de que utilizando posiciones de poder se aprovechó de ellas para ganar preponderancia en el espacio público de la opinión nacional. Porque en nombre de la transparencia y la honestidad y tal como lo invita el propio Felipe Zuleta lo que mejor convendría sería que el procurador salga del closet y le cuente a los colombianos si todas sus actuaciones tienen un fin posterior con alcance electorero.