Dice Rafael Pardo en un trino que el posconflicto lleva 8 meses en cuidados intensivos y que los programas no avanzan y que lo que construyeron se está quedando sin respiración. Su fuente es el New York Times. Esta frase no sorprendería si eso comentario no viniera de quien estuvo al frente de este tema y terminó en lo que la prensa llamó escándalos de corrupción. De hecho fueron varios los medios que registraron la salida de funcionarios claves en el manejo de los fondos del posconflicto y los señalamientos e investigaciones por corrupción en la administración de estos recursos que minaron la credibilidad del gobierno anterior y sabotearon la implementación de los acuerdos de paz en Colombia.

Este fantasma de la corrupción ensombreció la implementación de acuerdos de paz en Colombia y resulta extraño que Rafael Pardo hable como si fuera una persona ajena a lo que se denunció aún cuando estaba al frente de esta modalidad de mermelada en que se convirtió el posconflicto. Siempre se supo que la implementación de proceso de paz en Colombia enfrentaba un momento crítico porque estaba montado sobre dádivas y repartijas que se hacía desde el despacho de Pardo.

Fue por eso que en abril del año pasado el gobierno de Juan Manuel Santos reveló que Gloria Ospina, directora del Fondo Colombiano de Paz (FCP), con el que se financiaban los acuerdos entre los desmovilizados de las FARC y el gobierno en La Habana, fue relevada de su cargo porque el gobierno colombiano recibió una carta de las embajadas de Noruega, Suecia y Suiza, en la que esto países donantes se mostraban su preocupados por la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Fondo Colombia Sostenible (FCS), uno de los cinco que constituyen al FCP, al que ellos habían aportado más de US$200 millones.

Las embajadas manifestaron su “preocupación general sobre la gestión integral del Fondo Colombia Sostenible” y hacían varios cuestionamientos al paso con que avanzaba la ejecución de los proyectos, así como a la falta de transparencia en el manejo de la información. Se cuestionaba al gobierno por la intempestiva salida de la directora de esa entidad, porque se había mostrado inconforme la forma de operar del fondo.

Aparte de los US$200 millones, el FCS también tenía aprobado un crédito por US$100 millones, de los cuales el gobierno recibió apenas US$38,4 millones sin que la entidad hubiera justificado gasto alguno.

La Fiscalía también advirtió a la presidencia en su momento sobre la falta de transparencia en el manejo del dinero y el direccionamiento de los contratos, ya que evadían los controles legales. Además, denunció la existencia de una red de intermediarios que tenían acceso a información privilegiada con intereses en la adjudicación de proyectos. Para la Fiscalía se trataba de una estructura criminal que planeaba cobrar hasta el 20 por ciento de la plata que estaba destinada a la implementación de proyectos productivos. Así mismo el ente fiscal realizó varias visitas a entidades prestadoras de servicios de salud y agropecuarios y a empresas constructoras de vivienda.

La fiscalía ha adelantando investigaciones contra funcionarios del FCP y contra varios alcaldes. El escándalo también destapó que la pareja de Ospina recibió 14 millones de pesos por una asesoría que realizó para la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), una plataforma virtual de libre acceso que no había entrado en funcionamiento al momento de las pesquisas, la cual estaba diseñada para unir contratos, flujos de dinero, nóminas y datos relacionados con las inversiones de los recursos para la paz. Este contrato de 1.340 millones de pesos fue adjudicado a la firma de desarrollo informático Synersis S.A.S, vinculada a la pareja.

Este nombramiento de Gloria Ospina en la dirección del FCP fue cuestionado en su momento por su cercanía con el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo, a quien ella le había hecho campaña para la presidencia en 2009. Horas después de la destitución de esta funcionaria, los colombianos se enteraron de la captura y petición de extradición hacia los Estados Unidos de Seuxis Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, quien fue hombre clave de las FARC en los diálogos con el gobierno en La Habana.