Los venezolanos hemos entrado en una nueva etapa. Peligrosa y desafiante. Luego de la consumación del mayor, más cínico y criminal fraude de la historia contemporánea de Venezuela, algunos en la dirigencia opositora consideran pertinente acudir a las elecciones regionales planeadas por la tiranía para diciembre de este año.
Aquí, en Venezuela, se emprendió una lucha hace cuatro meses. Una gesta heroica, digna y sublime, pero que no surgió de la nada. No fue un arrebato de malcriadez ni un capricho. Luego de que la dictadura dilapidara cualquier alternativa democrática para lograr un verdadero cambio político, y secuestrara, luego, las facultades del régimen —aquel «espacio ganado» en diciembre de 2015—, se dio inicio a la rebelión civil.
La dictadura respondió como se esperaría. Asesinó, torturó y detuvo. Secuestró a jóvenes y destruyó familias. Invadió hogares, mató mascotas; y todo lo hizo frente a nosotros. Frente a toda una sociedad que veía, horrorizada, los crímenes. Pero luego, convocó al último y más dantesco acto: la completa y total derogación de la República —para con ello dar paso a la consolidación del Estado totalitario—.
Fue el 30 de julio cuando el Consejo Nacional Electoral(CNE) participó en el delito. Se convirtió, entonces, en el principal actor del nefasto intento para suprimir las últimas libertades y el último vestigio de civilidad. Ese domingo, Tibisay Lucena, junto con los rectores, se convirtió en la principal violadora del sistema republicano y de la ciudadanía.
Quedaba entonces expuesta la dictadura. El fraude, descarado y criminal, de un proceso totalmente ilegítimo, terminó de abolir cualquier tintura democrática y legal. Se confirmaba, nuevamente, que no habría posibilidad de adquirir espacios políticos reales a través del CNE —destructor de la República—.
Pero, en el momento en el que la dictadura volvía a quedar expuesta, y la condena internacional se intensificaba sustancialmente, surgió, de este bando, todo un fatídico movimiento para sostener el inminente desplome de la tiranía. Inició el debate sobre si asistir o no a las elecciones regionales que el régimen estableció para finales de 2017.
Quienes argumentan que se debe asistir al proceso, orquestado por los criminales que derogaron la institucionalidad, aseguran que no se pierde nada y que, de dejarse el espacio vacío, se entregarían las gobernaciones a la dictadura. En síntesis, acuden al trillado y mediocre razonamiento de que se debe continuar «ganando espacios» y que votar siempre será la mejor y más eficiente arma del demócrata.
Es un despropósito, sin duda alguna, acudir a las elecciones regionales con el mismo CNE que, empapado de sangre, acabó con la Constitución el domingo pasado. Aquí se debe ser muy claro.
Ha sido gracias a un esfuerzo inmenso y al avance abierto del régimen, que la sociedad civil, entera, entendió que en Venezuela enfrentamos a una tiranía que cuenta con peligrosos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. La comunidad internacional también lo comprendió recientemente. No fue sino hasta hace unos meses que la complicidad internacional, que por años gozó el chavismo, dejó de existir.
Finalmente, la comunidad internacional ha comprendido que en Venezuela impera una dictadura, tirana y criminal, con claras intenciones de instaurar un totalitarismo y de suprimir cualquier vestigio de libertad. Eso lo comprendió porque el régimen jugó ampliamente con los procesos electorales hasta que, finalmente, los eliminó. Pero ahora ha decidido volver a ofrecernos una quimera. Un delirio democrático en el que la oposición creerá que podrá obtener verdaderos triunfos políticos.
Tanto la dirigencia como la comunidad internacional llevan meses señalando lo evidente. Denunciando los crímenes que comete la dictadura; pero ahora parte de la oposición parece dispuesta a participar en un acto presuntamente democrático. Se expone, entonces, una falta inmensa de coherencia. ¿Cómo sería posible que un régimen tiránico, ahora haga elecciones en los que la oposición podría participar sin ningún problema? Sería una falta de congruencia inmensa. Y la coherencia, en política, es sustancial.
Cualquier acto electoral que se legitime, choca inevitablemente con la premisa de que esto es un régimen autoritario. Y la dirigencia hoy goza del aval y el apoyo internacional para señalar, con claridad, que un proceso es viciado y por lo tanto justificar su ausencia.
FUENTE PANAMPOST
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