El presidente electo de Colombia, Iván Duque, ha anunciado su intención de perfeccionar el acuerdo de paz firmado entre el presidente Manuel Santos y las Farc.
Expresó que es necesario realizarle algunas modificaciones para “garantizar que la paz sea para todos los colombianos, con seguridad y justicia”, cosa que actualmente no ocurre.
Al otorgarle el premio Nobel de la Paz, el Comité Noruego argumentó que Santos llevó a cabo un “proceso histórico de reconciliación y hermanamiento nacional”. Y que “pese al ‘no’ mayoritario en el referéndum, ha acercado de forma significativa hacia una solución pacífica el sangriento conflicto”. Por tanto, con este galardón se pretende impulsar “a todos aquellos que tratan de lograr la paz, la reconciliación y la justicia en Colombia”.
La justificación del Comité exhibe, precisamente, todas las falencias del susodicho tratado. Veamos por qué:
Las Farc asolaron a los colombianos –especialmente a los sectores más vulnerables- cometiendo delitos de lesa humanidad por más de 50 años. Según los datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hubo 8.532.636 víctimas durante ese período.
En consecuencia, corresponde que se escuche la voz del pueblo -mediante un referéndum- acerca de lo acordado. De ese modo los negociadores, es decir las élites, deberán tener siempre presente el sentir popular.
El referéndum es el camino democrático para garantizar la permanencia de lo acordado en el tiempo. Recordemos que tan solo el 18 % de los ciudadanos lo apoyó. ¿De dónde sale esa cifra?
Del resultado de la consulta popular realizada en octubre de 2016: 50,21 % de los votos fueron a favor del No y 49,78 % del Sí. Pero, el 63 % de la población no acudió a las urnas. Por tanto, el 49,78% del 37% da 18 %. Es decir, una ínfima porción de los colombianos.
Eso significa que este tratado no está legitimado por la ciudadanía. Ergo, está erigido sobre bases endebles.
Santos, al comprobar el rechazo masivo a su tratado de paz con las Farc, quiso solidificarlo mediante tretas legales: Por un lado, la mayoría de sus normas fueron tramitadas mediante un proceso abreviado denominada Fast Track. Y por el otro, al caratularlo como política de Estado y no de Gobierno, lo protegió de futuras reformas por tres periodos presidenciales.
No obstante, la experiencia histórica señala que por muy legal que sea una norma, si no cuenta con el apoyo de la gente, está condenada al fracaso.
Ahora analicemos si este tratado trajo reconciliación y hermanamiento nacional.
De lo observado, daría la sensación que produjo el efecto contrario. Antes de ese tratado, los colombianos estaban unidos en su deseo de alcanzar la paz. Luego de firmado y del modo en que se está implementando, se produjo un gran cisma dentro de la sociedad civil. Duque expresa que “No podemos seguir divididos entre amigos y enemigos de la paz. Todos somos amigos de la paz”. Sin embargo, deseamos “una paz creíble”.
¿Y por qué no es creíble esta paz?
Primero, porque al otorgarle tantas regalías a las Farc –sobre todo regalándole cargos de parlamentarios de origen antidemocrático (en una democracia genuina los representantes surgen de las urnas, tras la realización de elecciones libres y limpias), se originaron incentivos para que otros grupos guerrilleros persigan tales prebendas. El accionar violento reciente del ELN es prueba de ello.
Además, en las recientes elecciones nacionales se pudo comprobar lo furiosa que está la población con este tema. Cuando el exjefe guerrillero de las Farc y aspirante presidencial -Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko- estaba en campaña, fue abucheado en diversos lugares. Le gritaron “asesino, bandido” y “el pueblo unido jamás será vencido” mientras quemaban la bandera de las Farc. El rechazo manifestado fue tan grande, que Timochenko desistió de seguir presentándose en público.
O sea, que esos lugares reservados en el parlamento para miembros de las Farc, no es lo que la gente desea. Por el contrario, causa indignación.
Segundo, porque la justicia brilla por su ausencia. Duque da en el clavo al exigir “esa paz, que reclama correcciones, para que las víctimas sean ahora sí el centro del proceso para que tengan verdad, justicia y reparación”.
El informe de Amnistía Internacional 2017/2018 da sustento a la reivindicación de Duque. Allí se advierte que:
“La población civil, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos, siguen siendo la más afectada por el conflicto armado que aún continúa. Aunque las cifras oficiales indicaban que, desde el inicio de las negociaciones y hasta la firma del acuerdo de paz en 2016, había disminuido el número de civiles muertos en acciones militares en las que estaban involucradas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las fuerzas de seguridad colombianas, el conflicto armado persistía en 2017, y en algunas partes del país parecía haberse intensificado. Continuaba la preocupación ante la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Las fuerzas de seguridad hacían un uso excesivo de la fuerza, que a veces causaba muertes de civiles. Persistía la violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual”.
“Pese a las estipulaciones del ‘Capítulo Étnico’ del acuerdo de paz, hubo denuncias de falta de garantías para la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la implementación del acuerdo”.
“En los departamentos de Antioquia, Cauca, el Chocó y Norte de Santander, entre otros, persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, que incluían homicidios selectivos de miembros de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios (lo cual limitaba su libertad de circulación y su acceso a alimentos y servicios esenciales), reclutamientos forzados de niños y niñas, violencia sexual y uso de minas terrestres antipersonal”.
“A pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de los enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por la desmovilización de las FARC”.
También la ONU se une a las críticas, al expresar que la ley de amnistía “incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento […] presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas […] si (estos factores) no se abordan, pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”.
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