El hecho de que el asesor económico del candidato presidencial Henri Falcón, el economista Francisco Rodríguez, haya explicitado un programa de ajuste o más propiamente, una reforma monetaria, que tiene como punto de partida la dolarización de la economía ha intensificado el debate sobre ese temavital para el bienestar de los venezolanos.

Quienes todavía no están de acuerdo con dolarizar argumentan que con eso no basta y que hay que tomar medidas complementarias. Rodríguez no lo niega, y de hecho cada día que pasa explicita más su propuesta con anuncios de esas medidas. También lo han comenzado a hacer desde la Asamblea Nacional partidos como Primero Justicia a través de su vocero, el economista José Guerra. Partido que hasta la fecha se habían limitado a las generalidades y los lugares comunes como aquella de que “la inflación se combate con producción”.

La primera coincidencia, a nuestro juicio importantísima, es identificar que el rescate de la producción petrolera es la palanca diferenciadora que permite pensar en un ajuste con expansión, y no uno contractivo como el que nos impusieron los arquitectos del programa de CAP 2 en 1989. Por otra parte, parece haber coincidencia en que lograr que la producción petrolera aumente pasa por permitir que los operadores privados, nacionales y extranjeros, sean los que se ocupen de manejar los yacimientos.

Quienes disienten de esa posición piensan que Venezuela no puede, y tal vez no debe, apoyarse en su ventaja petrolera, lo cual, a los fines de un ajuste, nos reduce a las limitadas opciones de un Zimbawe o una Grecia. Ese razonamiento nos condenaría prácticamente a quedar en manos del FMI, a desconocer casi la totalidad de la deuda externa y a alejarnos de los mercados voluntarios de crédito internacional por tal vez una generación o más. Claro que quienes administren un programa así tendrían la oportunidad para, una vez más, tutelar al sector privado, encajonándolo a dedicarse a las actividades que ellos como gurús todopoderosos escogieran. Afortunadamente, quienes así piensan han venido quedando en franca minoría.

El segundo gran consenso es que hay que eliminar lo subsidios generalizados, sobre todo los de la gasolina y energía eléctrica, focalizando las ayudas de manera directa a las capas más vulnerables de la población. A eso se añade la necesidad de eliminar los controles de todo género que tienen asfixiados a la economía nacional y atados de manos a los productores.

Uno de los puntos neurálgicos de cualquier programa va a ser el nivel en que se fije el salario mínimo de arrancada. Está claro que no puede estar al nivel del de otras economías saludables que llevan varios años creciendo. Tampoco puede estar en los escasos $6,00 en que hoy se encentra. Un motivo de reflexión en este sentido es que si se fija demasiado alto crea un problema fiscal, y demasiado bajo va a crear desempleo y conmoción social.

Finalmente, uno de los consensos más importantes va a ser la decisión de cómo se enfoca el tema de las empresas otrora productivas que hoy están en manos del Estado. Durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, gobiernos de la más variada estirpe, desde militares como el de Pérez Jiménez, socialdemócratas, socialcristianos y, finalmente, socialistas hicieron casi un dogma el que las actividades productivas “básicas” deberían estar en manos del Estado.

Pareciera que la mayoría de la población está consciente de que mientras más básica es una actividad productiva, más importante es mantenerla alejada de las manos del Estado depredador. A quienes aún les falta convencerse de eso es a algunos de nuestros políticos. Si estos se convencieran de que lo que da votos no es el estatismo sino el crear las condiciones para que los particulares sean los que produzcan, el consenso en torno a esa realidad sería abrumadoramente mayoritario.

Fuente: Panampost